Datos y curiosidades

Aquí les contamos algunos datos, números y anécdotas ocurridas a lo largo de estos 22 años de impunidad:

• 47 jueces de primera instancia, cámara y corte distintos firmaron en el expediente, sin contar las repeticiones.
• La causa fue a cámara más de 40 veces por recursos de apelación. Hubo más de una docena de recursos extraordinarios, de casación y de queja.
• Entre recusaciones, nulidades, excepciones y similares, la defensa promovió una treintena de incidencias. Con cada una de ellas, se suspendía el trámite de la causa principal.
• La causa tiene hoy 23 cuerpos,  lo que supera las 4.500 fojas, más los incidentes agregados por cuerda.

Récord mundial: 

En junio de 1996, comenzó a correr el plazo de 6 días para que la defensa contestara las acusaciones de la fiscalía y la querella. A fuerza de incidentes que paralizaron el trámite, esos 6 días se convirtieron en más de 13 años, porque recién lo contestó a fin de 2009.

El defensor:

En 1992, cuando el comisario fue procesado, el ministerio del Interior resolvió sacar de la defensa a los abogados de la Dirección de Asuntos Penales de la PFA, los mismos que, en 2010, defenderían hasta que lo denunciamos públicamente a los comisarios en la causa de Mariano Ferreyra. Fueron reemplazados por el abogado Pablo Argibay Molina, bien conocido por sus defensas de Menem, Yabrán, Matilde Menéndez, José Luis Manzano, Armando Cavalieri y otros “famosos” de la época, como Graciela Alfano y el peluquero Miguel Romano. El periodista Héctor Ruiz Núñez publicó en la revista HUMOR que una fuente “generalmente bien informada” le confió que el primer pago al nuevo defensor, de u$s50.000, fue hecho por orden del ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, de fondos reservados. Unos años después, tuvimos oportunidad de interrogar sobre el tema a su sucesor, el ministro Manzano. Respondió “el ministerio del Interior no tiene fondos reservados”....

El culpable: 

“La culpa de todo la tiene el rock, esa música diabólica y violenta”, dijo en mayo de 1991 el fiscal Chávez Paz a los abogados de CORREPI. Pocos meses después, con mucha coherencia, el mismo fiscal pidió que se archivara la causa ya que “frente a los dichos de los jóvenes se alza la firme negativa de los uniformados”.

Mil solidaridades por Walter:
El 12 de febrero de 1993, la cámara criminal rechazó el recurso extraordinario de la querella contra el sobreseimiento del comisario Miguel Ángel Espósito. Teníamos que interponer un recurso de queja ante la corte suprema. El art. 286 del código procesal penal exige el pago de una tasa de justicia para ese tipo de recursos, que era en esa época una fortuna: $1.000. CORREPI, con el apoyo de FM La Tribu y la secretaría de DDHH de la FUBA, hizo una campaña con mil bonos de un peso cada uno para recaudar ese dinero. En menos de 15 días lo logramos, y hasta sobró algo para los gastos del Festival Por Walter y por Todos de abril. Un par de historias muestran la solidaridad de trabajadores y jóvenes: 

• Un viernes a la tarde, pusimos una mesita en la esquina de La Ópera, en Callao y Corrientes, con una bandera con la consigna de la campaña: Necesitamos $1.000 para que Walter llegue a la Corte. Un colectivo de la línea 124 frenó de golpe, el chofer se bajó y vino corriendo hacia nosotros. Sin decir una palabra, y mientras los pasajeros lo miraban asombrados, vació sobre la mesita el monedero del colectivo, agarró un par de bonos, pegó la vuelta y saltó al colectivo. Sin dudas, al terminar su vuelta, ese trabajador tuvo que reponer de su bolsillo el dinero que dejó para Walter, seguro que la empresa no acordó con su gesto solidario.
• El mismo fin de semana, tocaba en el Microestadio de Lanús una popular banda de rock. Allí fuimos con la abuela, la mesita y la bandera. Muchos chicos se acercaron a colaborar, pero uno fue inolvidable. Nos contó que había juntado varios meses para comprar la entrada, y no tenía un peso de más, pero como quería ayudar, nos regaló la entrada para que la revendiéramos. Con las monedas que le quedaban, se tomó el colectivo de vuelta a su casa, sin ver el show que había estado esperando. Llevamos la entrada a la boletería, y el muchacho que atendía nos la recompró al mismo precio de venta al público.

 

Aníbal y Cristina se quedaron sin la foto:
El 18 de septiembre de 2008, un mes después de que la Corte IDH, en una audiencia especial en Montevideo, exigiera explicaciones al gobierno argentino por el sostenido incumplimiento de la sentencia dictada cinco años antes, la mamá de Walter recibió un llamado de la Dra. Andrea Gualde, la abogada que representó al estado argentino en el juicio internacional y funcionaria de DDHH del Poder Ejecutivo. Le dijo que un auto de la presidencia la iba a pasar a buscar esa tarde, porque la presidenta la recibiría en una audiencia antes que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos hiciera "un importante anuncio en la causa". Graciela le preguntó si había hablado con nosotros, y le aclaró que iba a decidir junto con CORREPI si aceptábamos el convite. No hace falta aclarar que lo declinamos. Horas después, solito, Aníbal Fernández anunció la exoneración de la PFA del comisario Miguel Ángel Espósito, que ya se había retirado voluntariamente en 1995. La maniobra estaba tan armada, que el diario El Argentino publicó en su edición digital que la mamá de Walter y su abogada fueron recibidas por Cristina Fernández, y asistieron al anuncio, lo que era una mentira total.

¡Extorsionamos a Duhalde y J. J. Álvarez!
Entre tanto escrito kilométrico planteando cualquier cosa para dilatar el trámite de la causa, a fin de 2007 se le ocurrió una idea brillante al defensor del comisario, Pablo Argibay Molina. Presentó una denuncia ante la justicia federal, acusando a CORREPI, a través de la compañera María del Carmen Verdú, de haber extorsionado (¡y con éxito!) al ex presidente Eduardo Duhalde y a su ministro de Seguridad, Juan José Álvarez. Según el abogado, Duhalde y Álvarez firmaron el decreto que reconoció la responsabilidad del estado argentino en la detención, tortura y muerte de Walter para que silenciáramos su responsabilidad en la causa por la Masacre del Puente Pueyrredón. Escribió textualmente: "la prueba de esa extorsión y posterior acuerdo CORREPI-Presidente Duhalde es que el acto formal de reconocimiento del estado, con la firma del acta que suscribió el ministro Juan José Álvarez, fue celebrado el 26 de febrero de 2003, es decir, un día 26, aniversario de la muerte de los piqueteros”. El juez y el fiscal federales, antes de desestimar el delirio, pidieron informes a los jueces de la causa Bulacio y de la causa por Maxi y Darío.